Ley para derogar el cobro retroactivo en las tarifas de gas


Fernando Espinoza presentó un proyecto de ley para derogar el cobro retroactivo en las tarifas de gas


Ciudad de Buenos Aires, 9 de octubre de 2018

Se trata de una ley aclaratoria para anular la decisión tomada por el gobierno nacional que habilitó a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un monto extra a los usuarios –en 24 cuotas y a partir del 1 de enero de 2019- con el objetivo de compensar a las productoras por las diferencias generadas debido a la devaluación del peso. Para el diputado, el único fin de esta medida es “seguir sacando plata del bolsillo del usuario para llenar los de las grandes empresas”. Además, remarca que el incremento dispuesto “es nulo e inconstitucional, y debe ser dejado sin efecto”, al tiempo que lo califica como un “disparate jurídico”.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Fernando Espinoza (FPV-PJ) presentó un proyecto de ley aclaratoria sobre el efecto cancelatorio del pago de las facturas de servicios públicos, con el objetivo de anular la decisión tomada por el gobierno nacional que habilitó a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un monto extra a los usuarios –en 24 cuotas y a partir del 1 de enero de 2019- con el objetivo de compensar a las productoras por las diferencias generadas debido a la suba del dólar entre abril y septiembre de este año.

El texto propuesto por Espinoza consta de un único artículo, el cual plantea que “el pago por los usuarios de servicios públicos de las facturas emitidas por el concesionario del servicio extingue sus obligaciones con respecto a los conceptos consignados en las facturas y todo otro que tuviera causa en un acto o hecho anterior a su emisión”. En ese sentido, subraya además que “los concesionarios ni el Estado pueden crear ni imponer obligaciones a los usuarios por hechos o actos anteriores a la fecha de emisión de las facturas que hubieran sido canceladas”.

En los fundamentos de la iniciativa se establece que es “un gravísimo error” que a una suba del 35 % estipulada en las tarifas de gas el Poder Ejecutivo le sume un cargo correspondiente a un período ya facturado y cancelado por el usuario y -mucho peor aún- que le agregue intereses “en el momento en que las tasas vuelan, con valores pocas veces vistos en la historia económica”.

Para el ex intendente de La Matanza, el único fin que tiene la norma es “seguir sacando plata del bolsillo del usuario para llenar los de las grandes empresas energéticas”.

Además, el proyecto remarca que la resolución a través de la cual la Secretaría de Energía de la Nación oficializó la medida cita la ley y el decreto que conforman el marco regulatorio de la década de 1990, pero “se olvida de la Constitución Nacional, que protege los derechos de los usuarios y el derecho de propiedad de los consumidores de gas que ya cancelaron las facturas”. Por eso, enfatiza Espinoza, pretender hacer renacer obligaciones extinguidas por el pago es “un disparate jurídico”.

El vicepresidente del Bloque FPV-PJ observa también que el Poder Ejecutivo ha utilizado para intentar justificar este aumento retroactivo lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la ley 24076, obviando que en 1992 -fecha de sanción de esta norma- se encontraba vigente la Ley de Convertibilidad, por lo que los ingresos de la población también estaban dolarizados (situación se quebró a partir de 2002).

A eso, añade el diputado matancero, “debe añadirse la gran devaluación ocurrida durante el año en curso, que no ha tenido como contrapartida un similar incremento de las remuneraciones de los asalariados y de los jubilados, cuyos ingresos se han visto gravemente mermados”.

Finalmente, el texto resalta que otro principio general de naturaleza constitucional que ha sido vulnerado gravemente por el Poder Ejecutivo es el de la prohibición de conferir retroactividad a las leyes cuando la misma afecta derechos amparados por garantías constitucionales.

En síntesis, asevera Espinoza, el incremento dispuesto para las tarifas de gas “es nulo e inconstitucional, y debe ser dejado sin efecto”. Y si bien la ley es clara, “ante el disparate del Ejecutivo corresponde que el Congreso provea una ley aclaratoria, para que se remedie esta espantosa medida”.

Aunque motivada por el caso concreto de las tarifas de gas, la ley apunta a regular abusos similares en todos los servicios públicos.



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